Llevo dos días pensando si publicar un post sobre este tema o no. No llegó a 10 minutos, pero algo vi en el programa de Buruaga, Madrid Opina, de Telemadrid el martes pasado. Hablaban sobre la Ley del Aborto en España. Tema polémico cuando lo trata una cadena al servicio del Partido Popular que tergiversa y manipula según le conviene; y con una señora como invitada que se llama Cristina López Schlichting que conduce el programa central de la tarde en la COPE y que no supo alejarse en ningún momento del discurso moral que pregona esa cadena.
No voy a entrar en consideraciones morales, pero si quisiera compartir dos cuestiones que pensé en ese ratito frente a la pantalla.
La primera, es que el hecho de que se hayan producido abortos ilegales en algunas clínicas no ha de ser motivo para criminalizarlas a todas. Se ha producido una violación de la actual ley y el poder judicial o a quien le competa, deberá actuar en consecuencia. Si debe modificarse o no la Ley responde a otras cuestiones de más calado que no tienen que ver con la mala práctica de estas clínicas.
La segunda, tiene que ver con ‘los porcentajes y las cifras’. Decía uno de los invitados que el 90% de las prácticas abortivas se realizan en clínicas privadas cuando la Seguridad Social también las realiza y gratis. Por su intervención se deducía que el motivo no era otro que el hecho de que es más fácil violar la ley, o abortar en circunstancias que ésta no contempla. Para quienes hayan conocido de cerca a alguna mujer que haya recurrido a la Seguridad Social en primera instancia, estarán de acuerdo conmigo en que es en primer lugar una cuestión de plazos. Cuando acudes a la Seguridad Social con este problema, te dan cita para dentro de una semana en el ginecólogo, que te citará para dentro de otra en analítica y para dentro de dos en el psicólogo, y … suma y sigue. Trámites que en una mañana se solucionan en una privada. Sin paseos, sin charlas, sin rechazos, sin esperas… Y problema resuelto, que es de lo que se trata.